Se dieron a conocer, el viernes 18, las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (Comité CEDAW) al Estado argentino sobre el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Amnistía Internacional había presentado ante el Comité información sobre los derechos humanos de las mujeres en Argentina. Junto con los datos presentados tanto por el Estado como por diversas organizaciones, las expertas evaluaron a nuestro país y hoy difundieron los resultados.
Algunos de los ejes sobre los que se pronunció el Comité fueron:

Aborto legal

El Comité manifestó especial preocupación por los elevados índices de mortalidad materna en el país y los adjudicó en parte a los abortos practicados en condiciones de riesgo, los obstáculos a los abortos legales en clara oposición a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso F.A.L de 2012.

De allí recomendó:
- tomar medidas para reducir la tasa de mortalidad materna;
- garantizar que las mujeres tengan acceso a abortos legales y seguros y a servicios post-aborto;
- establecer criterios estrictos para evitar la utilización de la objeción de conciencia con el objetivo de restringir derechos,
- llevar adelante procedimientos adecuados para lograr que todas las provincias adopten protocolos que garanticen el acceso al aborto no punible en línea con el “Protocolo Nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”,
- adoptar la ley para la interrupción voluntaria del embarazo que amplíe los casos permitidos por el Código Penal actualmente.

Paridad de género

Las especialistas mostraron preocupación sobre la desigualdad estructural entre varones y mujeres. En este sentido, pidieron:
- garantizar la representación de todas las mujeres, incluidas indígenas, afrodescendientes, migrantes, ancianas y con discapacidad en los diferentes ámbitos;
- aprobar los proyectos de ley para garantizar la paridad en los cargos legislativos,
- tomar las medidas necesarias para mitigar la sub-representación de la mujer en el Poder Ejecutivo y los sindicatos.

También sugirieron que se promuevan medidas para garantizar el acceso igualitario a la educación y al empleo. En particular, en relación con las altas tasas de niñas y mujeres que abandonan sus estudios en virtud de embarazos adolescentes.

Violencia de género

Respecto a los altos índices de femicidios y el contexto de violencia de género el Comité recomendó:
-asignar recursos para la aplicación del Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y la Asistencia a las Víctimas (2017-2019),
-asegurar recursos para la generación de datos estadísticos actualizados que habiliten el trabajo en políticas públicas,
-aumentar los escasos recursos humanos, técnicos y financieros para fortalecer el trabajo del Consejo Nacional de la Mujer y promover la coordinación permanente entre el Consejo Nacional, las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer, estableciendo líneas claras de trabajo coordinado en materia de igualdad de género.

Personas refugiadas y migrantesV

Según la opinión del Comité, Argentina no tiene programas destinados a la integración social y económica de las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.En consecuencia recomendó:
- la implementación la Ley de Refugiados 26.115 (2006) y el desarrollo de programas para que las mujeres refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes tengan acceso a la educación, empleo, la protección social y la atención sanitaria.

“La violencia contra las mujeres -que se manifiesta a través de la denegación de derechos sexuales y reproductivos, la discriminación, las muertes evitables- son parte de un contexto local que exigen una respuesta urgente por parte del Estado. Nuestro país tiene claras obligaciones de proteger y garantizar los derechos de las mujeres, pero los progresos en la erradicación de la violencia no son ni lo bastante importantes ni lo bastante integrales. Es preciso que el Gobierno preste atención a estas recomendaciones. La vidas de miles de mujeres están en riesgo”, concluyó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.