El máximo tribunal penal ratificó la sentencia que incluye la inhabilitación perpetua impuesta en el juicio oral; la expresidenta no será detenida porque le queda un recurso ante la Corte.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner, por haber direccionado licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.
Así lo resolvió este miércoles la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. La defensa de la expresidenta presentó un escrito en el que informó que recurrirá el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, la última instancia posible. Ella no estuvo presente y tampoco su defensa, que anunció que seguiría la lectura en forma remota.
Los camaristas rechazaron todos los recursos, tanto de la fiscalía como de las defensas, con lo que quedarán confirmadas las mismas penas y absoluciones que impusieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal N° 2, en su sentencia del 6 de diciembre de 2022. La expresidenta fue condenada como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Los jueces de la Casación la absolvieron, por mayoría, por el delito de asociación ilícita.
Para el juez Hornos, Cristina Kirchner también debió haber sido condenada por este delito porque, según él, lideró una red de corrupción estructural en la obra pública vial. Lo mismo había sostenido, en el fallo del tribunal oral, el juez Basso, que también quedó en minoría en este punto.
Aún con la condena confirmada por la Cámara de Casación, la expresidenta no irá presa, ya que la sentencia queda firme y se ejecuta solo cuando estén agotadas todas las instancias judiciales de revisión. Así lo dispone el nuevo Código Procesal Penal Federal, parcialmente en vigencia. Esto implica que la pena se aplicará recién cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la expresidenta, lo que puede demorar años.