La legitimidad política y el radicalismo. Tesis del Dr. Román Molín.
Quinta entrega.
Los años de la “revolución libertadora”, acontecidos a partir del golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón, impusieron a la política argentina un tutelaje militar caracterizado por proscripciones políticas, condicionamientos a los partidos políticos y a los gobiernos civiles surgidos de ese complejo sistema. Dos rasgos heredados del gobierno anterior continuarían vigentes en el país: una sociedad movilizada con una igualdad relativa y la disputa por la legitimidad política ante la falta de reglas compartidas (Tcach 2012, Novaro 2010).
El peronismo había mantenido pautas de una democracia pluralista como las elecciones periódicas cuyo ejercicio, sin embargo, fue progresivamente restringido al condicionar la libertad de expresión, o mediante el encarcelamiento de dirigentes opositores, pero sin llegar a sustituirlas por un régimen alternativo. El líder alimentaba su autoridad en un delicado equilibrio de fuerzas, cuyo origen era el proyecto corporativo y nacionalista de 1943. Su gobierno se había sostenido con el ejército como protagonista y con los sectores sindicales que lo apoyaron explícitamente a partir del 17 de octubre de 1945. La figura de Perón era el punto de encuentro de un gobierno que ganaba cada vez más enemigos. Hacia el año 1955, ese poder estaba debilitado y cayó casi sin ejercer resistencia (Novaro, 2010).
Los partidos opositores al régimen peronista apoyaron al movimiento autodenominado “revolución libertadora”, por lo que radicalismo no fue la excepción ya que si algo amalgamaba al partido era la oposición al gobierno depuesto (Cavarozzi, 1987). El Comité Nacional del radicalismo, presidido por Arturo Frondizi expresó su posición frente al golpe militar en los siguientes términos:
La sangrienta lucha que acaba de librarse en la República Argentina ha sido la consecuencia inevitable de una situación a la que el país fue conducido por el despotismo que cerró todos los caminos de la libertad. La UCR, desde la primera hora y sin interrupción, agotó los medios pacíficos e intentó crear en el país condiciones de convivencia y unión entre los argentinos por las vías del comicio y el debate de ideas, anhelo compartido por las Fuerzas Armadas. El alzamiento fue el último recurso a que se vio compelido un pueblo privado de toda posibilidad de resolver en paz y concordia los angustiosos problemas de su existencia nacional. El régimen que acaba de caer, que negó la libertad, la justicia y la moral y negoció la soberanía, queda señalado para siempre como el único responsable de esta tragedia [...]” Declaración del Comité Nacional de la UCR (Gallo, 1983; pp. 36-37).
En cuanto a la postura frente al gobierno provisional, el radicalismo exigía volver al Estado de derecho, a la libertad de prensa y reclamaba la derogación de toda la legislación represiva que había puesto en vigencia el gobierno peronista, la reposición de empleados públicos, de los profesores universitarios y los maestros cesanteados, entre otros puntos (Novaro, 2010, Gallo 1983).
Durante la “revolución libertadora” se ensayaron salidas electorales que proscribían al peronismo, por ese motivo se ha considerado que ese período estuvo marcado por un “sistema semidemocrático”, en palabras de Novaro (2010), o “democracia ficticia” como lo ha denominado Tcach (2012). Esas iniciativas estuvieron marcadas por el condicionamiento militar, la inestabilidad política y el desacuerdo entre los políticos, lo cual condujo a procesos cada vez más autoritarios y a una escalada de la violencia, que finalizó en 1983, con la recuperación de una normalización democrática (Novaro, 2010).
Una de las primeras medidas de la gestión de Aramburu fue la proscripción del partido peronista ; también se prohibió la simbología de dicho movimiento, y se realizó la intervención de la CGT. Ello evidenciaba que el objetivo era eliminar al peronismo. Estas medidas gestaron disensos internos en los partidos políticos y el “fenómeno peronista” se convirtió en el centro de los debates. El gobierno provisional formuló la “exclusión” de la Constitución de 1949 y, como paso previo a producir el tránsito a un gobierno civil, declaró vigente la Constitución de 1853, con las reformas de 1860, 1866, 1898. Admitió la necesidad de una nueva reforma y se propuso convocar a una Convención Constituyente para tal fin. Esas medidas que formaban parte de la agenda del régimen militar originaron posturas encontradas al interior de los partidos y, especialmente, en el radicalismo (Persello, 2007).
El gobierno provisional recién se comprometió públicamente a realizar un llamado a elecciones tras la sublevación del General Juan José Valle, ocurrida el 9 de junio de 1956, y que fue reprimida ferozmente con el fusilamiento de muchos dirigentes. Estos acontecimientos causaron un gran impacto político en la opinión pública. Así, la “revolución libertadora” cruzó un umbral de violencia con trágicas consecuencias para el futuro. El peronismo pasó a ser la víctima del autoritarismo y quienes habían efectuado el golpe de Estado en nombre de la democracia se convirtieron en represoras.
El sistema económico de sustitución de importaciones sostenido por el peronismo había generado una balanza de pagos negativa, con un sector manufacturero con dificultades para generar divisas y el sector rural era insuficiente para cubrir la diferencia entre el saldo de importación y exportación. La debilidad política con que había asumido la“libertadora” y la falta de acuerdos internos sobre el rumbo económico, no le permitieron buscar una solución a los problemas. Así para el régimen era una necesidad la salida electoral, excluyendo de toda participación al peronismo (Belini y Korol, 2020).
Los sectores políticos condicionaron su apoyo al gobierno de facto y a la vigencia de un plan político que fue genéricamente anunciado en declaraciones hechas por el presidente Aramburu, el día 6 de julio de 1956. En tales anuncios, se comprometió a convocar a elecciones generales para finales del año 1957. Si bien esta certeza “parcial” no incluía el marco legal, ni la metodología que utilizarían los partidos para elegir a sus candidatos, la UCR ingresó en una virtual campaña electoral que puso de manifiesto sus disidencias internas (Gallo, 1983).
Finalmente, el régimen militar sancionó el Estatuto de los Partidos Políticos el 17 de octubre de 1956, sin cláusula alguna que interfiriera en la vida interna de los partidos. Ello significó que se mantenían las autoridades vigentes antes del golpe de Estado. De esta manera, el frondizismo y su líder, que se mostraba opositor al gobierno de Aramburu, fue favorecido en su estrategia para consagrarse candidato del radicalismo, con este reconocimiento de las autoridades partidarias previas al golpe militar. Esa situación generó la crisis final del partido, a pesar de que veía cada vez más cerca la llegada al poder gracias a la proscripción del peronismo (Gallo, 1983).